De izq. a der.: Ing. Héctor Benavente, Ing. Henry Luna, Ing. Alberto Brocos (Pdt. del Capítulo de Ing. de Minas), Ing. Fernando Gala, Lic. Victoria Núñez y Sr. Meraldo Peña.

(CIP Lima, 05/07/10) Tras destacar el aporte económico y social de la pequeña minería y de la minería artesanal en el Perú, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) reafirmaron el objetivo de su sector de promover la formalización de miles de mineros informales.

Para ello anunciaron la realización de talleres de capacitación en tecnología y seguridad minera dirigidos a los productores informales, la integración de ministerios y gobiernos regionales para facilitar todo tipo de trámite administrativo, y la apertura de mesas de diálogo que logren el entendimiento entre el titular minero, el informal y las autoridades. Todo esto, en el marco de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

En ese sentido, la formalización deja de ser dificultosa; pero hace falta la voluntad de los mineros para acceder al régimen formal que le otorgará finalmente más beneficios tanto a ellos como a su comunidad y al país.

Así lo señalaron el viceministro de Minas, Ing. Fernando Gala Soldevilla; el director de Promoción Minera del MINEM, Ing. Henry Luna Córdova; y el Consultor en minería, Ing. Héctor Benavente Revilla. Fue durante la mesa redonda “Formalización de la minería informal, clave para trabajar con tecnología limpia”, que organizó el Capítulo de Ingeniería de Minas del CIP Lima.

La minería artesanal informal ha inyectado a la economía del país unos mil millones de dólares en la comercialización de producción aurífera y ha generado empleo directo a cerca de 80 mil personas durante el año 2009, destacaron los expositores.

Además, la minería artesanal dinamiza la economía de las zonas rurales y propicia el encadenamiento productivo; genera poder de compra en los poblados cercanos y promueve el desarrollo en regiones generalmente deprimidas.

Sin embargo, mantiene en permanente amenaza al minero por las condiciones inseguras de trabajo, la inexistencia de servicios sociales y de salud, y la explotación laboral. Su impacto ambiental de mayor consideración es la deforestación, la acumulación de desmonte, la contaminación de los ríos por sólidos en suspensión y la contaminación por mercurio. Como toda actividad ilícita, promueve la violencia social y le niega ingresos al tesoro público, puntualizaron los expositores.

Los objetivos de la formalización –sintetizaron– es legalizar las actividades de los productores mineros artesanales, promover las actividades seguras en la pequeña minería y minería artesanal, sensibilizar al minero sobre la necesidad de mitigar los impactos negativos que generan el desarrollo de actividades mineras, proteger el medio ambiente con la aplicación de técnicas limpias, y controlar la distribución de material explosivo.

Panelistas 

Algunos grupos de mineros artesanales anunciaron la decisión de formalizarse. Fue a través de los dirigentes Meraldo Peña, representante de SINAMIPE, y Teódulo Medina, presidente de FENAMARPE, quienes integraron el panel en la mesa redonda.

Ambos dirigentes aseguraron estar a favor de la formalización, pero exigieron al Gobierno apoyo, “tal como se le concede a las grandes empresas mineras”. Demandaron también nuevas leyes en minería porque las actuales benefician a los grandes grupos de poder. Denunciaron por último que mientras los mineros artesanales “hacen esfuerzos” por formalizarse, “los titulares mineros no quieren hacer contratos”.    

Otros panelistas, la Lic. Victoria Núñez, el Econ. Carlos Diez Canseco, el Ing. Walter Casquito, el Ing. Gerwer Campero y el Ing. Marcelo Santillana, resaltaron la función de los mineros artesanales por cuanto entregan al mercado el recurso que no puede ser explotado por las grandes empresas. “La minería artesanal desarrollada en forma adecuada (ambiental) significa oportunidades para el país”, manifestaron.

Criticaron que la normativa legal en el tema minero no esté perfilada a la realidad, dijeron que el Estado pone barreras administrativas al ejercicio de los pequeños y medianos mineros (“funcionarios burócratas no saben de minería”), y que el Gobierno Central como los Gobiernos Regionales tienes carencias presupuestales y de recursos humanos para enfrentar el reto de la formalización.